Bogotá, 10 mar (EFE).- Colombia renueva este domingo un Congreso desacreditado, ya que de sus 268 representantes un tercio ha sido investigado, encarcelado o condenado por vínculos con paramilitares, en unos comicios en los que las FARC llaman a la abstención y seis antiguos rehenes aspiran a un escaño.
Otros factores de distorsión del proceso son la "narcopolítica", pues al menos 80 candidatos pudieron ser financiados con dinero de origen ilícito, y la "parapolítica", por la que un buen número de congresistas elegidos en 2006 fueron vinculados a los paramilitares de las AUC, dijo la coordinadora del Observatorio de Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE), Claudia López, a Efe.
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se disolvieron ese mismo 2006 con el desarme de más de 31.000 activistas, en un proceso de paz liderado por el Gobierno de Uribe, aunque después han surgido otras bandas paramilitares como las Águilas Negras que, en muchos casos, se han vinculado al narcotráfico.
Y es que al menos 90 senadores y representantes a la Cámara, mayoritariamente de la coalición gubernamental, fueron o son investigados, procesados y sentenciados por nexos con las AUC, en causas seguidas por la Corte Suprema.
Algunas organizaciones consideran que 18 congresistas que aparecen en expedientes judiciales relacionados con la "parapolítica" pretenden ser reelegidos en el Congreso.
Para evitarlo, el Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) marginó de los comicios parlamentarios a la Alianza Democrática Nacional (ADN), un partido de legisladores y ex legisladores que se dicen afines al presidente Uribe que fueron procesados o condenados por haber mantenido nexos con grupos paramilitares.
Pero unos 30 legisladores que fueron investigados o condenados por vínculos con los ultraderechistas ahora "endosan" sus votos a familiares.
La mayoría son aspirantes del Partido de Integración Nacional (PIN), una nueva formación que, advirtió López, "representa una amenaza seria a la transparencia electoral y financiera en estas elecciones".
Otro actor que amenaza al proceso electoral son la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que está promoviendo la abstención y presiona a la población para que no concurra a las urnas el domingo, según han denunciado varios organismos humanitarios.
Esto ha ocurrido especialmente en regiones selváticas del sur de Colombia, donde esa guerrilla tiene una fuerte presencia y ha amenazado a la población con asesinatos y persecuciones.
Todo ello en un ambiente en el que, según la Defensoría del Pueblo, el mayor riesgo es la coacción al votante por parte de todos los protagonistas del conflicto.
Bajo este panorama, seis antiguos rehenes de las FARC que han sido liberados en los dos últimos años han decidido concurrir a las urnas para intentar desde el Congreso la restauración de la paz, y además tienen opciones claras de ganar.
Se trata de la ex candidata a la Vicepresidencia Clara Rojas y los ex congresistas Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán, Consuelo González y Jorge Eduardo Gechem, además del ex diputado regional Sigifredo López.
Pérez dejó claro su propósito: retornar al Congreso para aportar un "granito de arena" al proceso de reconstrucción de Colombia a través de una mayor inversión social para solucionar los factores estructurales que generan la violencia, confesó a Efe.
Algunos otros ex secuestrados que aspiran a volver al Congreso se han topado con problemas de seguridad, es el caso de Orlando Beltrán convertido de nuevo en objetivo de las FARC, según un plan descubierto por las autoridades.
Las FARC, que han sufrido los más duros golpes de sus 45 años de historia durante el mandato de Uribe, mantienen aún secuestrados a 24 militares y policías que desean intercambiar por guerrilleros presos o extraditados a Estados Unidos.
